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Publicado por en ene 1, 2013 en Artes, Cultura y Humanidades, Expresión, Filosofía, Uncategorized | 0 comentarios

¿Qué es un pacto?

En la vida cotidiana realizamos pactos de todo tipo, desde pactos explícitos como acordar una hora de llegada con nuestros amigos para ver una película en el cine, hasta pactos implícitos de orden más complejo que atienden a acuerdos de orden moral, ético, es decir, pactos que asumimos en la vida diaria y nos permiten convivir de manera más o menos estable. Nos encontramos sumergidos en una gran cantidad de pactos, algunos de ellos más visibles que otros, pero en todo caso no podemos negar que nuestra vida los asumimos tácitamente. Ahora bien, ¿qué nos obliga a cumplirlos? En realidad la pregunta es diferente en relación con el tipo de pacto dentro del cual nos situemos. En el caso de acordar con alguien cierta hora para ver una película en el cine, o quedar en cierto lugar para una charla, en realidad lo que nos obliga a llegar a la hora acordada es un asunto de carácter empático: hemos dado nuestra palabra y según la empatía de la relación, estaremos menos o más obligados a cumplirla. Digamos que este tipo de pactos tienen un carácter laxo, pues el cumplimiento o no de nuestra palabra, si bien acarrea ciertas consecuencias –sentimentales, económicas, laborales, de amistad, en fin-, éstas se miden en relación al cumplimiento satisfactorio o no de ciertas pretensiones morales.

Pero también existen pactos de naturaleza más compleja. Hay, pues, pactos que no involucran sólo contenidos de carácter moral, sino que también involucran algún tipo de coacción como garantía de su cumplimiento. Mientras en el primer tipo de acuerdo la garantía de cumplimiento se da en la palabra, la segunda tiene como garantía la amenaza coercitiva. Por supuesto que este paso ha sido gigantesco, ¿cómo hemos pasado del ámbito moral al ámbito punitivo? La justificación de este paso radica en que la segunda clase de pacto está vinculada con la promesa de que se actuará conforme a unas reglas y normas jurídicas establecidas. Mientras los pactos de primer orden, pese a contener una clausula de cumplimiento, pueden ser cumplidos o no y sus consecuencias no van más allá de una amonestación, los que denominaremos como pactos de segundo orden sí contienen, en cambio, una promesa punitiva en la medida en que están relacionados con sanciones jurídicas que atienden a resguardar el orden dentro de una sociedad.

Supongamos que tengo una cita con el médico, la cual se ha acordado con anticipación. Pero resulta que el día de la consulta me sentí mejor y decidí entonces ya no ir al consultorio. El médico, por supuesto, habrá esperado un cierto tiempo hasta que se diera cuenta de que yo no tenía intenciones de ir pese a haber realizado un acuerdo mutuo. Lo más que podría suceder sería que el médico, en un ataque de furia, me hablara por teléfono y recriminarme por no haber ido; o, en el más tranquilo de los casos, el médico simplemente seguiría con su agenda de pacientes. En todo caso, las repercusiones serían mínimas, no pasaría a mayores. Pero, ¿qué sucede con pactos en donde existen más cosas en juego? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un automovilista inconsciente se pasa un alto? Parecería poca cosa, pero en realidad el principio ahí es que su negligencia tiene la posibilidad de golpear a alguien, lastimándolo o incluso llevándolo a la propia muerte. Pasarse un alto –cosa que hoy en día es casi una falta menor- está prohibido en la medida en que sus consecuencias pueden llegar a ser graves. El acto es entonces sancionado con una multa y no con un simple reproche moral. Y en el peor de los casos, es decir, en caso de que se cause algún accidente grave, la multa será incluso mayor (la cárcel, por ejemplo). En estos casos, aquello que prohíbe la ley lo hace en función de resguardar cierto orden público, y su incumplimiento conlleva, en efecto, a una sanción de carácter punitivo, pues el hecho de pasar un alto supone la posibilidad de un choque o atropello de alguien, poniendo en riesgo las vidas ajenas y la propia. Este ejemplo entraría en los pactos de segundo orden y se modulan entonces en función de resguardar un estado de paz y tranquilidad; y cuando éstos no son cumplidos, entonces hay consecuencias que involucran desde sanciones menores, hasta el posible uso de la fuerza, sobre todo cuando la amenaza del orden es más grave: un asalto, terrorismo, fraude, narcomenudeo, etc. Por eso es que el Estado posee el monopolio y el uso legítimo de la violencia, pues si no existiera una instancia capaz de hacer efectiva la amenaza, entonces habría más probabilidad de que los pactos sociales no fueran respetados. Así, las instancias del Estado son las que, en la medida de lo posible, establecen cierto orden por medio de las leyes y su amenaza de sanción.

Ahora bien, tampoco hay que actuar como si fuéramos ingenuos y creer que en realidad el Estado y sus instancias operan de esta manera ideal; sabemos que muchos de los actos que surgen desde estas estructuras del poder político son represivos, desiguales, corruptos, etcétera. Pero lo interesante es que de hecho estas formas en las cuales los poderes fácticos son representados (o el modo en que se representan a sí mismos) fungen ya de principio regulador que nos obligan a pensarlo dos veces antes de cometer un delito. Aun cuando alguien comete un delito y pretende salirse con la suya, sabe de antemano que es posible que lo atrapen y sea castigado. Ésa es precisamente una de las funciones de cualquier marco de legalidad: la violencia ya está implícita en la amenaza. No viene la policía todos los días a nuestras casas a decirnos que nos está vigilando, sino que la vigilancia ya está implícita, regulando todas nuestras acciones, en una condición de violencia mínima ejercida a través de múltiples formas de representación: medios de comunicación, desfiles, monumentos, edificios, en fin; todas las formas de hacerse presente en el imaginario público es ya una forma de representación que indica poder. De este modo, la amenaza de coerción dentro de lo que se ha llamado aquí pacto de segundo orden ya nos da una primera advertencia (violencia mínima) de lo que podría suceder si tratamos de romper el acuerdo implícito.

Hay una anécdota muy curiosa en este sentido. En una escuela secundaria existía un gran problema de conducta por parte de los estudiantes y no sabían qué hacer con ello. Como suele suceder, los chicos se portaban bien cuando la directora estaba frente a ellos, pues no eran tan tontos como para actuar mal en frente de ella y ser llevados a la dirección. Pero como es obvio, la directora no podía estar en todos lados, por lo que se le ocurrió la siguiente idea: instalar cámaras de video en los salones. La escuela no tenía demasiado presupuesto, por lo que instalaron las cámaras sin cables. Lo interesante del caso es que los estudiantes no sabían que las cámaras no funcionaban, sino que sólo veían el foco prendido, sin anticipar que sólo se trataba de un efecto para que pareciesen encendidas. El resultado fue exitoso: los índices de mala conducta se redujeron considerablemente. En este caso, los estudiantes saben que existe una serie de reglas y normas de conducta dentro de la escuela, y saben que si las rompen y son sorprendidos los llevan a la dirección. Pero el solo hecho de estar inmersos dentro de este pacto no es nada sin la amenaza de la vigilancia (las supuestas cámaras de vigilancia), la cual hace pensar dos veces antes de faltar al orden, constituyendo así una violencia que no involucra una acción coercitiva fáctica, sino un estado mental de “asedio”.

La idea es, entonces, que existen diversos mecanismos a partir de los cuales se regula la conducta de los individuos dentro de cierta sociedad. Por un lado, tenemos los pactos (que podrían ser traducidos en su dimensión efectiva, tales como leyes, reglas, avisos, indicaciones…) que de algún modo crean un espacio público en donde los individuos se desarrollan de manera más o menos pacífica. Pero conocer las reglas no hace efectivo el cumplimiento de ellas hasta que se establece la condición de la amenaza o advertencia, la cual se organiza dentro de sistemas de representación que, en su conjunto, dan cuenta de que, efectivamente, tienen todo el control y monopolio de la violencia. Las preguntas que deberíamos de hacernos son entonces las siguientes: ¿Qué sucede cuando la instancia que garantiza el pacto no es la única que puede ejercer la violencia? ¿Qué pasa cuando la condición de violencia mínima en los sistemas de representación es usada por otra instancia de vigilancia? En efecto, estamos hablando de la violencia organizada, en específico del narcotráfico.

Sabemos bien que el Estado no es el único que tiene el monopolio de la violencia – y, en ese sentido, el poder de matar-, sino que también lo ha adquirido la delincuencia organizada. Ahora bien, esta distribución de la violencia no ha sido gratuita, pues se ha desprendido precisamente de las estructuras propias del Estado que podían ejercerla “legítimamente”. Esa misma condición les ha dado una configuración particular del uso de la violencia, pues por un lado mantiene características propias de las fuerzas coercitivas militares en tanto que proviene de ellas, pero a la vez se sitúa en otro marco de legalidad, y más precisamente, en un marco de legalidad que se destaca justo por su salida de estos marcos de violencia permitidos, adquiriendo los propios. El narcotráfico se caracteriza entonces por estar en una parte de la legalidad que se distingue por estar fuera de ella. Sí, el narcotráfico está fuera de toda ley porque instaura la propia; es el residuo, el exceso necesario que se desprende de las fisuras de un estado fallido, exceso que se ve evidenciado en la desmesura de sus actos violentos y en la ridícula sobreabundancia económica reflejada en sus armas de oro. Obviamente no es una legalidad basada en sistema judicial como el que conocemos dentro de los límites de las instituciones estatales, sino que más bien es una ley que se funda en un poder soberano de dar muerte. Instaura su propia lógica porque posee parte del monopolio de la violencia, tanto la violencia efectiva (no hay necesidad de recurrir a los ejemplos), así como la violencia mínima en las advertencias cotidianas en los medios de comunicación o en el propio espacio público (que es donde las formas de representación adquieren proyección).

Si el pacto se funda en última instancia en el uso de la violencia –ya sea efectiva o implícita-, ¿cómo pactar con algo que tiene el poder de ejercer la violencia? ¿Es realmente un pacto que va a ser respetado? ¿Cuál es la garantía? En efecto, no la hay. Y en todo caso, ¿qué sería pactado, el número de muertes permitidas? En alguna clase de Ética donde hablábamos de tolerancia el profesor decía a manera de ironía: “Bueno, tampoco vamos a ser tolerantes con los homicidas. No le diremos, por ejemplo: señor homicida, sólo mate unos cuantos esta semana y no hay problema”. En todo caso, y perdonen la simplicidad, sería como pactar el número y el tipo de muertes que serían permitidas con tal de mantener cierto orden, aún a sabiendas de que no estamos seguros si se cumplirán los acuerdos. ¿Cuáles serían entonces las muertes permitidas? El problema que se presenta al pactar con el narco es, primero, que no sabremos si los acuerdos serán cumplidos, y segundo, aquello que se pacta equivaldría a admitir una jerarquía escatológica en donde establecemos qué tipo de muertes serán las permitidas, qué vidas valdrán más que otras.

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Daniel Basurto

Sumamente incrédulo y fácilmente impresionable. Interesado en los procesos y mecanismos que han formado al sujeto posmoderno occidental, así como sus adicciones y contradicciones. Fiel creyente de la fuerza creadora del lenguaje.

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